El viernes 3 de septiembre, el cielorraso del centro de asistencia en adicciones La Otra Base del Encuentro, se desplomó en su totalidad por lo que quedó inutilizado, sin que se produjeran de milagro victimas fatales o heridos. A pesar del reclamo de vecinos y trabajadores, el Gobierno de la Ciudad aún no dio respuestas.
Dicho centro se encuentra ubicado en el barrio Rivadavia de la villa 1-11-14 del bajo Flores e integra la Red de adicciones del Ministerio de Salud porteño. A su vez, es el único dispositivo con que cuentan los vecinos para la atención de personas que consumen Paco u otras drogas.
Esta situación hizo que el vinculo con la comunidad del barrio fuese muy fuerte. Asimismo, su equipo profesinal es unos de los pocos que trabaja en el país con las denominadas “ranchadas”, es decir, con la asistencia en el preciso lugar donde jóvenes o adultos hacen uso de sustancias adictivas.
No obstante, el dato relevante es que la Defensoría del Pueblo de la CABA haya advertido al ministro Jorge Lemus, el pasado 7 de mayo, sobre las enormes falencias que presentara la estructura edilicia del lugar.
Mediante la Resolución 1093/10 la Defensora Alicia Pierini manifestó, a instancias de un informe elaborado por su Adjunto Andrés Elisseche, “deficiencias en los servicios básicos, humedad y grietas en paredes y cielorrasos, con el agravante de tener en desuso la mitad de su espacio físico como consecuencia de las filtraciones recurrentes que dejaron a los techos en peligro de derrumbe”.
Por otro lado también realizó en el mismo escrito, observaciones de similares características sobre el estado de situación de otros centros, como el Carlos Gardel del barrio del Abasto y del Dr. Enrique Biedak del barrio de Constitución
Introducción al Documento 2010
“La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio”
Art. 18 / Constitución de la Ciudad
de Buenos Aires
Somos vecinas/os, integrantes de organizaciones sociales y trabajadores/as de programas del ámbito gubernamental que desarrollamos tareas en diferentes barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Uno de nuestros rasgos característicos es que trabajamos en red: compartiendo y articulando recursos, juntándonos a conversar de los problemas del barrio y viendo cómo resolverlos, organizando festivales comunitarios, luchando por mejorar la atención en los servicios públicos y valorando la participación de los/as vecinos/as en los temas que los afectan.
Las situaciones que vivimos como vecinos/as y trabajadores/as nos plantean la necesidad de reunirnos en esta “red de redes”, ya que los conflictos que atravesamos son parte de una realidad social que supera lo que pasa en cada barrio. Reconocemos a estas redes como actores sociales con la voluntad de trabajar conjuntamente para abordar las distintas problemáticas que afectan a la población de las zonas más desfavorecidas de la Ciudad.
Desde nuestra tarea estamos todos los días en los hospitales y centros de salud, en las escuelas, en las organizaciones que brindan el espacio para hacer apoyo escolar, en las canchitas y plazas de los barrios, en las oficinas públicas donde los vecinos buscan dar respuesta a sus problemas, en organizaciones de la sociedad civil que apoyan jurídica y socialmente a la población más vulnerable, en los centros donde los niños/as, adolescentes y jóvenes buscan aprender un oficio, expresarse a través del arte y la comunicación, el deporte, el juego, la recreación, entre muchos otros temas .
Este trabajo diario en la comunidad, en el barrio, en el territorio, nos hace ser parte de una realidad social que vemos con preocupación, ya que los principales problemas que viven los vecinos y vecinas de la Ciudad (dificultades en el acceso a la vivienda, educación, salud, justicia, servicios públicos, transporte, trabajo, cultura, entre otros) en particular en los barrios más pobres, lejos de encontrar caminos de solución, se vuelven cada vez más difíciles de resolver, más complejos, más graves.
No podemos dejar de lado la preocupación ante la situación de precarización laboral de los trabajadores/as en los diferentes ámbitos de la Ciudad, quienes vivencian despidos, cesantías, eternos contratos de locación de servicios, afectados por los ajustes presupuestarios, la irregularidad en el pago, los recortes de horas de módulos asistenciales (en el caso de los trabajadores de la salud), lo cual desgasta a los profesionales que trabajan en atención directa o propician espacios de promoción de Derechos en todos los barrios de la Ciudad.
Queremos detallar aquí algunos de esos temas (que hemos ordenado por ejes para organizar su lectura) como punto de partida de un diagnóstico que nos permita construir una mirada común sobre los problemas de la Ciudad. Invitamos a todas/os a difundir y enriquecer este documento con el fin de que pueda convertirse en una instancia de transformación de la compleja realidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Educación
Uno de los principales problemas con los que se encuentran las familias de varios barrios, (principalmente de zona sur) es la falta de vacantes en las escuelas públicas tanto en el nivel inicial, primario, como en la escuela media. Miles de chicos/as se encuentran con las puertas cerradas de las instituciones que deberían ser un resguardo de su derecho a la educación, principal punto de partida para formarse como ciudadanos/as en igualdad de condiciones con sus semejantes (1).
Esta ausencia de vacantes se ve agravada por la falta de escuelas e instituciones de enseñanza. Muchos chicos/as de los barrios del sur deben trasladarse en micro hacia escuelas del centro o norte de la ciudad con las consecuencias traumáticas que esto genera en la vida cotidiana familiar y en sus posibilidades de socialización. Los principales problemas que genera la situación de traslado son:
- problemas de adaptación, integración y socialización de los niños/as con sus pares y de sus padres con la escuela;
- bajo rendimiento escolar;
- deserción.
La distribución estatal de establecimientos, aparece en principio como más equilibrada desde el punto de vista de su cobertura territorial (el 54% en la zona norte y el 46% en la zona Sur, con un promedio de 22 establecimientos por Distrito Escolar). Sin embargo, no deja de ser asimétrica si uno la compara en función de la población y la expansión de la matrícula escolar, ya que en los distritos del extremo sur, que se hallan en los bordes la Ciudad (D.E. 4º, 5º, 9º, 20º y 21º, correspondientes a los barrios de La Boca, Barracas, Pque. Patricios, Bajo Flores, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos), donde se concentra el 30% de la población escolar primaria del sector publico -estamos hablando de más de 40.000 niñas y niños-, se encuentran emplazados poco más de 20% del total de establecimientos educativos de la Ciudad. Esto pone de manifiesto un déficit en materia de infraestructura escolar del orden del 8 al 10% y constituye un claro indicador de desigualdad educativa (2).
El déficit en materia de infraestructura escolar en la zona sur quedó nuevamente evidenciado al comienzo del ciclo lectivo 2009, cuando se registraron en la Defensoría del Pueblo denuncias por falta de vacantes en algunas supervisiones de nivel primario de Distritos Escolares de la zona sur. Debido a varios esfuerzos se pudieron reubicar a la mayoría de los alumnos/as. Sin embargo, en jurisdicción del D. E. 19º más de 400 alumnos/as quedaron, un mes después de iniciado el año escolar, en “Lista de Espera” por falta de vacantes, lo que constituye una grave afectación en su derecho a una educación de calidad.
Esta situación no sería paradójica si no existieran decenas de escuelas en el resto de la Ciudad –especialmente primarias públicas- cuyas aulas se encuentran semivacías, o por lo menos por debajo de su cupo, generando una situación de desigualdad social educativa gravísima, transformándose la posibilidad de aprender –el derecho concreto a la educación de cualquier niño/a de nuestra Ciudad- en un privilegio en función de su lugar de residencia –y por ende de la condición económica de su familia-.
Además, sería necesario un mayor número de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables. Actualmente solo un 33% de los alumnos/as de zona sur asisten a Jornada Completa, en comparación con 63% de la zona norte (3) . La promoción de escuelas de Jornada Completa otorgaría un plus de educación que contribuiría a equiparar la oferta educativa entre escuelas de zona norte y zona sur. Así también las madres y los padres podrían dedicarse a trabajar la mayor parte del tiempo sin tener que dejar a los niños/as al cuidado de otra persona o solos/as.
En relación a la educación media, existe un déficit muy importante en la oferta de escuelas, generando de esa forma una expulsión de los adolescentes del sistema educativo.
No sólo existe una pobre, casi nula, oferta de vacantes en todos los niveles educativos sino que, además, las escuelas existentes presentan una situación preocupante en materia de infraestructura. Las condiciones en las que se encuentran las escuelas del Barrio de Pompeya y Soldati (D.E 19) son una muestra clara de la desidia e irresponsabilidad del Gobierno. Existen, por ejemplo, escuelas con falta de calefacción, con graves problemas eléctricos y con hacinamiento de alumnas y alumnos en las aulas. A su vez, presentan conflictos con los servicios de comedor, sea porque no poseen un lugar específico o porque las empresas envían comida de baja calidad.
Sin perjuicio de todo lo mencionado, es interesante observar el nivel de ejecución presupuestaria al primer trimestre del 2010, en el que se advierte una ejecución total del 1.96 % para la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento (el rubro bienes de uso presenta una ejecución del 0.89%); una ejecución del 0.85 % para el programa de Mitigación de Riesgos y Escuelas Seguras; el programa de Equipamiento y Mobiliario aparece sin ejecución; y una ejecución del 11.48 % de la actividad Sistemas y Proyectos de Informatización.
Queremos, por otro lado, destacar el trabajo comunitario que muchos educadores/as y vecinos/as (integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, trabajadores/as estatales y voluntarios/as) realizan en los barrios para dar respuesta a esta compleja situación, a través del trabajo conjunto en actividades de apoyo y sostenimiento escolar, en espacios públicos y comunitarios, que permiten que los chicos/as puedan ejercer su derecho a la Educación.
Existen programas estatales que se dedican a estas tareas, aunque su focalización y relativamente escasa extensión y presupuesto deja a expensas de la voluntad y compromiso de sus integrantes los logros que puedan alcanzarse. Los recortes y falta de ejecución presupuestaria en programas educativos y sociales que van en este sentido no hacen más que mostrar la falta de prioridad que tiene la educación de los sectores más vulnerables para la actual administración.
Creemos necesaria una mayor apertura de las escuelas a la comunidad, a través de una relación positiva entre las mismas y las instituciones de los barrios, dada la complejidad que los problemas sociales presentan en la actualidad. Temas como la violencia, el consumo de drogas, entre otras cuestiones, no pueden ser abordados efectivamente si la escuela cierra sus puertas a la comunidad, a sus centros de salud, a sus organizaciones comunitarias, tanto para dar discusiones y capacitarse como para realizar acciones en el espacio público que valoricen el encuentro, la construcción de vínculos y el trabajo articulado. Hemos comprobado que estas estrategias conjuntas, sostenidas en el tiempo y con los recursos apropiados, logran resolver problemas de gran complejidad.
En cuanto a los establecimientos de Educación Especial del sector estatal correspondientes a los niveles inicial, primario y medio, se observa que casi el 70% de los mismos están ubicados en la zona Norte de la Ciudad y que los D.E. 4º (La Boca), 11º (Flores) y 13º (Parque Avellaneda y parte de Mataderos y Lugano) de la zona sur no cuenta con oferta educativa de educación especial. Asimismo es necesario incluir los dispositivos de educación especial en ámbitos de enseñanza común para generar una mayor integración.
(1)la Igualdad y la Justicia ). http://vimeo.com/1223051
(2)la Ciudad )
(3) Dirección de Investigación. Departamento de Estadística. Ministerio de Educación.
Esta ausencia de vacantes se ve agravada por la falta de escuelas e instituciones de enseñanza. Muchos chicos/as de los barrios del sur deben trasladarse en micro hacia escuelas del centro o norte de la ciudad con las consecuencias traumáticas que esto genera en la vida cotidiana familiar y en sus posibilidades de socialización. Los principales problemas que genera la situación de traslado son:
- problemas de adaptación, integración y socialización de los niños/as con sus pares y de sus padres con la escuela;
- bajo rendimiento escolar;
- deserción.
La distribución estatal de establecimientos, aparece en principio como más equilibrada desde el punto de vista de su cobertura territorial (el 54% en la zona norte y el 46% en la zona Sur, con un promedio de 22 establecimientos por Distrito Escolar). Sin embargo, no deja de ser asimétrica si uno la compara en función de la población y la expansión de la matrícula escolar, ya que en los distritos del extremo sur, que se hallan en los bordes la Ciudad (D.E. 4º, 5º, 9º, 20º y 21º, correspondientes a los barrios de La Boca, Barracas, Pque. Patricios, Bajo Flores, Villa Soldati, Nueva Pompeya, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos), donde se concentra el 30% de la población escolar primaria del sector publico -estamos hablando de más de 40.000 niñas y niños-, se encuentran emplazados poco más de 20% del total de establecimientos educativos de la Ciudad. Esto pone de manifiesto un déficit en materia de infraestructura escolar del orden del 8 al 10% y constituye un claro indicador de desigualdad educativa (2).
El déficit en materia de infraestructura escolar en la zona sur quedó nuevamente evidenciado al comienzo del ciclo lectivo 2009, cuando se registraron en la Defensoría del Pueblo denuncias por falta de vacantes en algunas supervisiones de nivel primario de Distritos Escolares de la zona sur. Debido a varios esfuerzos se pudieron reubicar a la mayoría de los alumnos/as. Sin embargo, en jurisdicción del D. E. 19º más de 400 alumnos/as quedaron, un mes después de iniciado el año escolar, en “Lista de Espera” por falta de vacantes, lo que constituye una grave afectación en su derecho a una educación de calidad.
Esta situación no sería paradójica si no existieran decenas de escuelas en el resto de la Ciudad –especialmente primarias públicas- cuyas aulas se encuentran semivacías, o por lo menos por debajo de su cupo, generando una situación de desigualdad social educativa gravísima, transformándose la posibilidad de aprender –el derecho concreto a la educación de cualquier niño/a de nuestra Ciudad- en un privilegio en función de su lugar de residencia –y por ende de la condición económica de su familia-.
Además, sería necesario un mayor número de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables. Actualmente solo un 33% de los alumnos/as de zona sur asisten a Jornada Completa, en comparación con 63% de la zona norte (3) . La promoción de escuelas de Jornada Completa otorgaría un plus de educación que contribuiría a equiparar la oferta educativa entre escuelas de zona norte y zona sur. Así también las madres y los padres podrían dedicarse a trabajar la mayor parte del tiempo sin tener que dejar a los niños/as al cuidado de otra persona o solos/as.
En relación a la educación media, existe un déficit muy importante en la oferta de escuelas, generando de esa forma una expulsión de los adolescentes del sistema educativo.
No sólo existe una pobre, casi nula, oferta de vacantes en todos los niveles educativos sino que, además, las escuelas existentes presentan una situación preocupante en materia de infraestructura. Las condiciones en las que se encuentran las escuelas del Barrio de Pompeya y Soldati (D.E 19) son una muestra clara de la desidia e irresponsabilidad del Gobierno. Existen, por ejemplo, escuelas con falta de calefacción, con graves problemas eléctricos y con hacinamiento de alumnas y alumnos en las aulas. A su vez, presentan conflictos con los servicios de comedor, sea porque no poseen un lugar específico o porque las empresas envían comida de baja calidad.
Sin perjuicio de todo lo mencionado, es interesante observar el nivel de ejecución presupuestaria al primer trimestre del 2010, en el que se advierte una ejecución total del 1.96 % para la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento (el rubro bienes de uso presenta una ejecución del 0.89%); una ejecución del 0.85 % para el programa de Mitigación de Riesgos y Escuelas Seguras; el programa de Equipamiento y Mobiliario aparece sin ejecución; y una ejecución del 11.48 % de la actividad Sistemas y Proyectos de Informatización.
Queremos, por otro lado, destacar el trabajo comunitario que muchos educadores/as y vecinos/as (integrantes de organizaciones sociales y comunitarias, trabajadores/as estatales y voluntarios/as) realizan en los barrios para dar respuesta a esta compleja situación, a través del trabajo conjunto en actividades de apoyo y sostenimiento escolar, en espacios públicos y comunitarios, que permiten que los chicos/as puedan ejercer su derecho a la Educación.
Existen programas estatales que se dedican a estas tareas, aunque su focalización y relativamente escasa extensión y presupuesto deja a expensas de la voluntad y compromiso de sus integrantes los logros que puedan alcanzarse. Los recortes y falta de ejecución presupuestaria en programas educativos y sociales que van en este sentido no hacen más que mostrar la falta de prioridad que tiene la educación de los sectores más vulnerables para la actual administración.
Creemos necesaria una mayor apertura de las escuelas a la comunidad, a través de una relación positiva entre las mismas y las instituciones de los barrios, dada la complejidad que los problemas sociales presentan en la actualidad. Temas como la violencia, el consumo de drogas, entre otras cuestiones, no pueden ser abordados efectivamente si la escuela cierra sus puertas a la comunidad, a sus centros de salud, a sus organizaciones comunitarias, tanto para dar discusiones y capacitarse como para realizar acciones en el espacio público que valoricen el encuentro, la construcción de vínculos y el trabajo articulado. Hemos comprobado que estas estrategias conjuntas, sostenidas en el tiempo y con los recursos apropiados, logran resolver problemas de gran complejidad.
En cuanto a los establecimientos de Educación Especial del sector estatal correspondientes a los niveles inicial, primario y medio, se observa que casi el 70% de los mismos están ubicados en la zona Norte de la Ciudad y que los D.E. 4º (La Boca), 11º (Flores) y 13º (Parque Avellaneda y parte de Mataderos y Lugano) de la zona sur no cuenta con oferta educativa de educación especial. Asimismo es necesario incluir los dispositivos de educación especial en ámbitos de enseñanza común para generar una mayor integración.
(1)
(2)
(3) Dirección de Investigación. Departamento de Estadística. Ministerio de Educación.
Salud
Si bien la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el Art. 20 garantiza el derecho a la salud integral, tomando “el gasto público en salud como una inversión social prioritaria”, vemos la restricción en la accesibilidad a los servicios de salud de la población más vulnerada por falta de ingresos, escasez de recursos, distancias geográficas o culturales, dificultando un diagnóstico precoz, control y tratamiento correcto de enfermedades exponiendo a esta población a un mayor riesgo de enfermar y morir por patologías reducibles.
Dado el nuevo escenario asistencial del subsector público, definido por un aumento, heterogeneidad y complejización de la demanda, el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires muestra un modelo de atención estructurado en función de la oferta asistencial para la atención de la enfermedad y la urgencia relegando tiempo y recursos para las actividades de prevención y promoción de la salud en conjunto con la comunidad. A pesar de lo dicho anteriormente, la Atención Primaria de la Salud se realiza en muchas oportunidades por la voluntad y energía de los equipos de salud.
Esta realidad de atención fragmentada y saturada vulnera el derecho a una atención integral, accesible, eficaz y de calidad para la población como se encuentra establecido por la Constitución y la Ley Básica de Salud.
Además se presentan situaciones de maltrato y discriminación, negativas de atención por falta de documentación, por edad o lugar de residencia; excesivas demoras en la obtención de turnos para la atención y estudios o cirugías; falta de provisión en tiempo y cantidad de leche, medicación, prótesis recetadas; déficit de mantenimiento edilicio y equipamiento técnico hospitalario, sumado a la falta de profesionales debido al crecimiento de la demanda. Respecto de los Centros de Salud, estos son insuficientes en función de la cantidad de la población, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, especialmente en zona sur. Respecto de los Centros de Salud existentes, los recursos de todo tipo resultan insuficientes.
Los Centros de Salud se caracterizan por atender a la población materno-infantil prioritariamente, encontrándose en primer lugar de demanda la atención de los niños/as con problemas respiratorios, diarreas, parásitos, problemas dermatológicos, nutricionales. Respecto a los adultos, se destacan la atención a las mujeres embarazadas en relación a su control obstétrico y el programa de TBC para el diagnóstico, control y tratamiento de un número cada vez mayor de familias afectadas por la tuberculosis. Tomando las unidades asistenciales de la zona sur de la CABA vemos que se encuentra el mayor porcentaje de casos de TBC notificados en el 2008: el 65,9%.
El actual gobierno impuso al sector una política de recortes presupuestarios y centralización para la compra de insumos y medicamentos, que llegó por momentos a desabastecer por completo las farmacias de los hospitales y centros de salud, debiendo suspender cirugías y programas enteros, así como la entrega de medicación para que los pacientes puedan realizar el tratamiento acorde a la patología. Además, se vetó la Ley de Medicamentos que creaba el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos para la Ciudad, favoreciendo de esta manera a los grandes laboratorios. Asimismo, se ha producido una reducción sistemática de las vacantes para Concurrencias (estimado en el 60%) en el sistema de salud público, y se ha intimado a una jubilación anticipada con el fin único de reducir el plantel de las instituciones (trabajador que se jubila, renta que se pierde).
En relación a las personas con discapacidad, aquellas que se encuentran dentro de la población de mayor vulnerabilidad social, presentan un riesgo más alto de contraer enfermedades, muchas de ellas prevenibles, dejando secuelas que afectan las diferentes capacidades. A su vez, un gran número de sujetos con discapacidad no reciben la atención necesaria, existiendo barreras arquitectónicas, culturales, sociales, desarticulación entre los distintos sistemas gubernamentales (por ej. Educación y Salud), distancias a los Centros de atención y dificultades para mantener tratamientos a largo plazo.
Respecto a la problemática del área de Salud Mental de la Ciudad, la misma se enmarca dentro de la política de avasallamiento de la Salud Publica ejercida por la gestión actual. En los últimos tiempos, se ha incumplido sistemáticamente la ley de Salud Mental 448 de la Ciudad de Buenos Aires; se produjo la descategorización del área, al pasar de ser una Dirección General a Dirección Adjunta, de modo que ha perdido autonomía y presupuesto y no se ha convocado al COGESAM (Consejo General de Salud Mental) para la implementación de políticas en Salud Mental. Asimismo, se ha intentado cerrar los hospitales Borda, Moyano y el Hogar Rawson con fines de construir en esos predios un Centro Cívico, en conjunto con un plan de construcción de 10 micro-manicomios. En los últimos tiempos la Justicia ha fallado a favor del Hospital Tobar García y el Borda a fin de que el Gobierno cumpla con las obras pactadas. A pesar de ello el incumplimiento sigue en pie.
Otras problemáticas relativas a la Salud Mental observadas por nuestras redes son: la falta de insumos, un incremento de la medicalización de los menores, traspaso de pacientes al sector privado, deterioro y abandono edilicio de los hospitales monovalentes, se solicitó la renuncia a todos los directores de los hospitales de la Ciudad para suplantarlos, ante lo cual la Asociación de Profesionales pertinente interpuso un recurso de amparo.
Dado el nuevo escenario asistencial del subsector público, definido por un aumento, heterogeneidad y complejización de la demanda, el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires muestra un modelo de atención estructurado en función de la oferta asistencial para la atención de la enfermedad y la urgencia relegando tiempo y recursos para las actividades de prevención y promoción de la salud en conjunto con la comunidad. A pesar de lo dicho anteriormente, la Atención Primaria de la Salud se realiza en muchas oportunidades por la voluntad y energía de los equipos de salud.
Esta realidad de atención fragmentada y saturada vulnera el derecho a una atención integral, accesible, eficaz y de calidad para la población como se encuentra establecido por la Constitución y la Ley Básica de Salud.
Además se presentan situaciones de maltrato y discriminación, negativas de atención por falta de documentación, por edad o lugar de residencia; excesivas demoras en la obtención de turnos para la atención y estudios o cirugías; falta de provisión en tiempo y cantidad de leche, medicación, prótesis recetadas; déficit de mantenimiento edilicio y equipamiento técnico hospitalario, sumado a la falta de profesionales debido al crecimiento de la demanda. Respecto de los Centros de Salud, estos son insuficientes en función de la cantidad de la población, teniendo en cuenta el crecimiento poblacional, especialmente en zona sur. Respecto de los Centros de Salud existentes, los recursos de todo tipo resultan insuficientes.
Los Centros de Salud se caracterizan por atender a la población materno-infantil prioritariamente, encontrándose en primer lugar de demanda la atención de los niños/as con problemas respiratorios, diarreas, parásitos, problemas dermatológicos, nutricionales. Respecto a los adultos, se destacan la atención a las mujeres embarazadas en relación a su control obstétrico y el programa de TBC para el diagnóstico, control y tratamiento de un número cada vez mayor de familias afectadas por la tuberculosis. Tomando las unidades asistenciales de la zona sur de la CABA vemos que se encuentra el mayor porcentaje de casos de TBC notificados en el 2008: el 65,9%.
El actual gobierno impuso al sector una política de recortes presupuestarios y centralización para la compra de insumos y medicamentos, que llegó por momentos a desabastecer por completo las farmacias de los hospitales y centros de salud, debiendo suspender cirugías y programas enteros, así como la entrega de medicación para que los pacientes puedan realizar el tratamiento acorde a la patología. Además, se vetó la Ley de Medicamentos que creaba el Laboratorio Estatal de Producción de Medicamentos para la Ciudad, favoreciendo de esta manera a los grandes laboratorios. Asimismo, se ha producido una reducción sistemática de las vacantes para Concurrencias (estimado en el 60%) en el sistema de salud público, y se ha intimado a una jubilación anticipada con el fin único de reducir el plantel de las instituciones (trabajador que se jubila, renta que se pierde).
En relación a las personas con discapacidad, aquellas que se encuentran dentro de la población de mayor vulnerabilidad social, presentan un riesgo más alto de contraer enfermedades, muchas de ellas prevenibles, dejando secuelas que afectan las diferentes capacidades. A su vez, un gran número de sujetos con discapacidad no reciben la atención necesaria, existiendo barreras arquitectónicas, culturales, sociales, desarticulación entre los distintos sistemas gubernamentales (por ej. Educación y Salud), distancias a los Centros de atención y dificultades para mantener tratamientos a largo plazo.
Respecto a la problemática del área de Salud Mental de la Ciudad, la misma se enmarca dentro de la política de avasallamiento de la Salud Publica ejercida por la gestión actual. En los últimos tiempos, se ha incumplido sistemáticamente la ley de Salud Mental 448 de la Ciudad de Buenos Aires; se produjo la descategorización del área, al pasar de ser una Dirección General a Dirección Adjunta, de modo que ha perdido autonomía y presupuesto y no se ha convocado al COGESAM (Consejo General de Salud Mental) para la implementación de políticas en Salud Mental. Asimismo, se ha intentado cerrar los hospitales Borda, Moyano y el Hogar Rawson con fines de construir en esos predios un Centro Cívico, en conjunto con un plan de construcción de 10 micro-manicomios. En los últimos tiempos la Justicia ha fallado a favor del Hospital Tobar García y el Borda a fin de que el Gobierno cumpla con las obras pactadas. A pesar de ello el incumplimiento sigue en pie.
Otras problemáticas relativas a la Salud Mental observadas por nuestras redes son: la falta de insumos, un incremento de la medicalización de los menores, traspaso de pacientes al sector privado, deterioro y abandono edilicio de los hospitales monovalentes, se solicitó la renuncia a todos los directores de los hospitales de la Ciudad para suplantarlos, ante lo cual la Asociación de Profesionales pertinente interpuso un recurso de amparo.
Adicciones
En el contexto de la Ciudad, la gestión de las políticas de asistencia y prevención de los consumos problemáticos de drogas está desarticulada a pesar de que la Ley aprobada, aún no reglamentada, prevé acciones integradas entre los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y Educación. En los hechos, sólo el Ministerio de Desarrollo Social cuenta con presupuesto específico para esta problemática, lo cual imposibilita un abordaje integral del problema.
En el área Salud, cuando se requiere un dispositivo de mayor complejidad para resolver apropiadamente la situación-problema en cuanto a asistencia, en la mayoría de los Hospitales no se cuenta con unidades de desintoxicación; además se carece de unidades de traslado cuando se evalúa la necesidad de internaciones a comunidades terapéuticas no conveniadas con el Estado. Cuando un dispositivo de Salud especialista en la atención de adicciones (por ejemplo "La Otra Base del Encuentro") considera que se requiere internación para un paciente con el cual se viene trabajando desde hace tiempo, deben solicitarlo a Admisión de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones (centralizado en la sede de la calle Piedras), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al realizar la admisión, no se tiene en cuenta la evaluación que realizó el equipo profesional que venía trabajando con el paciente, y vuelven a efectuar una evaluación para determinar el lugar al que va a ser derivado, en muchas ocasiones sin informarle al equipo derivante adónde fue internado ese paciente, perdiendo contacto con el mismo. Asimismo, los equipos de Salud tampoco tienen información sobre las características de las instituciones conveniadas con la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, no pudiendo emitir opinión acerca de qué institución es más conveniente para cada paciente con el que ellos vienen trabajando.
A su vez, estos dispositivos de internación resultan insuficientes para la demanda, no sólo en cantidad sino también para contemplar las características de cada sujeto. Es así como muchos terminan interrumpiendo los tratamientos por estos motivos, contribuyendo en definitiva estas instituciones a la exclusión y marginación de aquellos a quienes deberían asistir. De esta manera se vuelve a constatar la ‘puerta giratoria’ del sistema en general, sumado a la insuficiencia de dispositivos que promuevan la reinserción social de los/as adictos/as.
Las modalidades de admisión generan exclusión: por ejemplo en Nación, la Sedronar deriva a la población de usuarios de drogas mayores de 18 años a comunidades terapéuticas conveniadas, a tal fin realiza varias entrevistas de evaluación antes de la derivación, previa presentación del DNI y certificado del ANSES.
Respecto de los CIAC (Centros de Intervención Asistencial Comunitaria), que funcionan en algunas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a la misma Dirección, cabe destacar que si bien se realiza admisión y atención ambulatoria de la problemática, ésta resulta ampliamente escasa para abordar la misma en la magnitud en la cual se da en la población más vulnerable. Esta insuficiencia es especialmente significativa cuando se trata de abordar la problemática del paco, la cual sobrepasa los dispositivos focalizados específicamente en la adicción a esa sustancia, ya que el fenómeno del paco pone en evidencia aún más la necesidad de un abordaje integral.
Respecto a la Prevención, si bien se ha creado un área de Prevención de Adicciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, los recursos son escasos e insuficientes en relación a la magnitud del problema. Los Centros preventivos que comenzaron a funcionar cuentan con recursos humanos que abarcan sólo algunos puntos de la Ciudad, y éstos no cuentan con los recursos necesarios para realizar su labor.
La problemática de las adicciones, en el marco de una población de alta vulnerabilidad social y sanitaria con poca o nula accesibilidad al sistema de salud, requiere de una política integral de prevención y tratamientos que brinden mayor contención en lo que respecta a las carencias sociales, económicas y educativas, a través del desarrollo de actividades en estrecha implicancia con la trama comunitaria. Asimismo, es preciso realizar una articulación efectiva entre los tres Ministerios, a través de garantizar recursos suficientes para la misma, fortaleciendo a los equipos que trabajan en la promoción de la salud.
En el área Salud, cuando se requiere un dispositivo de mayor complejidad para resolver apropiadamente la situación-problema en cuanto a asistencia, en la mayoría de los Hospitales no se cuenta con unidades de desintoxicación; además se carece de unidades de traslado cuando se evalúa la necesidad de internaciones a comunidades terapéuticas no conveniadas con el Estado. Cuando un dispositivo de Salud especialista en la atención de adicciones (por ejemplo "La Otra Base del Encuentro") considera que se requiere internación para un paciente con el cual se viene trabajando desde hace tiempo, deben solicitarlo a Admisión de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones (centralizado en la sede de la calle Piedras), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Al realizar la admisión, no se tiene en cuenta la evaluación que realizó el equipo profesional que venía trabajando con el paciente, y vuelven a efectuar una evaluación para determinar el lugar al que va a ser derivado, en muchas ocasiones sin informarle al equipo derivante adónde fue internado ese paciente, perdiendo contacto con el mismo. Asimismo, los equipos de Salud tampoco tienen información sobre las características de las instituciones conveniadas con la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, no pudiendo emitir opinión acerca de qué institución es más conveniente para cada paciente con el que ellos vienen trabajando.
A su vez, estos dispositivos de internación resultan insuficientes para la demanda, no sólo en cantidad sino también para contemplar las características de cada sujeto. Es así como muchos terminan interrumpiendo los tratamientos por estos motivos, contribuyendo en definitiva estas instituciones a la exclusión y marginación de aquellos a quienes deberían asistir. De esta manera se vuelve a constatar la ‘puerta giratoria’ del sistema en general, sumado a la insuficiencia de dispositivos que promuevan la reinserción social de los/as adictos/as.
Las modalidades de admisión generan exclusión: por ejemplo en Nación, la Sedronar deriva a la población de usuarios de drogas mayores de 18 años a comunidades terapéuticas conveniadas, a tal fin realiza varias entrevistas de evaluación antes de la derivación, previa presentación del DNI y certificado del ANSES.
Respecto de los CIAC (Centros de Intervención Asistencial Comunitaria), que funcionan en algunas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a la misma Dirección, cabe destacar que si bien se realiza admisión y atención ambulatoria de la problemática, ésta resulta ampliamente escasa para abordar la misma en la magnitud en la cual se da en la población más vulnerable. Esta insuficiencia es especialmente significativa cuando se trata de abordar la problemática del paco, la cual sobrepasa los dispositivos focalizados específicamente en la adicción a esa sustancia, ya que el fenómeno del paco pone en evidencia aún más la necesidad de un abordaje integral.
Respecto a la Prevención, si bien se ha creado un área de Prevención de Adicciones dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, los recursos son escasos e insuficientes en relación a la magnitud del problema. Los Centros preventivos que comenzaron a funcionar cuentan con recursos humanos que abarcan sólo algunos puntos de la Ciudad, y éstos no cuentan con los recursos necesarios para realizar su labor.
La problemática de las adicciones, en el marco de una población de alta vulnerabilidad social y sanitaria con poca o nula accesibilidad al sistema de salud, requiere de una política integral de prevención y tratamientos que brinden mayor contención en lo que respecta a las carencias sociales, económicas y educativas, a través del desarrollo de actividades en estrecha implicancia con la trama comunitaria. Asimismo, es preciso realizar una articulación efectiva entre los tres Ministerios, a través de garantizar recursos suficientes para la misma, fortaleciendo a los equipos que trabajan en la promoción de la salud.
Vivienda
La tendencia en materia de vivienda fue la liberalización del mercado. Se verificó un desmantelamiento de las instituciones públicas que operaban para posibilitar el acceso a la vivienda de distintos estratos sociales. Se redujeron los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y sus fondos se transfirieron al sistema previsional y a las provincias (donde no fueron utilizados para fines habitacionales). A su vez, se privatizó el Banco Hipotecario, perdiendo así éste su lugar de prestador de créditos para sectores de ingresos medios. Al mismo tiempo, la Secretaría de Vivienda de la Nación fue desplazada de su función orientadora y de control en materia de vivienda, fundamentalmente por la transferencia de fondos e incumbencias a las provincias. En suma, el rol del Estado en la promoción de la vivienda social fue disminuyendo progresivamente.
Gran cantidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos que participan en los diferentes espacios de las organizaciones e instituciones de las redes habita en villas de emergencia, hoteles, pensiones o casas tomadas. Asimismo, una parte significativa de la población se encuentra en “situación de calle”. La mayoría de las familias con las que trabajamos están imposibilitadas de acceder a condiciones habitacionales dignas. Los espacios reducidos, la inestabilidad, la falta de intimidad, el deterioro físico de los edificios, las dificultades propias del compartir entre numerosas familias baños y cocinas generalmente en estado precario, son condiciones de vida que padece en general la población que vive en estos lugares.
La residencia prolongada en este tipo de viviendas, acarrea efectos deteriorantes para el grupo familiar y para el desarrollo personal de cada uno de sus miembros. La convivencia en estos lugares suele estar envuelta en conflictos permanentes, violencia familiar, uso indiscriminado de la calle por parte de los chicos después de los 12 años ya que resulta difícil a los padres retenerlos la mayor parte del día en estos espacios, etc. A estas dificultades se agrega la escasez de espacios verdes y la alta densidad poblacional.
En la práctica cotidiana nos encontramos con varias situaciones en las que se pueden visualizar las condiciones anteriormente descriptas: graves problemas respiratorios (asma, bronco espasmos reiterados, alergias, etc.) producto de las condiciones inadecuadas de la habitación en la que viven: humedad, filtraciones, falta de ventilación, etc.
Asimismo, familias numerosas viven en espacios muy reducidos (habitaciones de aproximadamente 3x3m), esto implica la dificultad de preservar espacios de intimidad para cada uno de los miembros de la familia y la imposibilidad de que los niños cuenten con espacios donde desplegar todas las acciones, posibilidades y movimientos necesarios para su desarrollo integral, sobre todo en el caso de los bebés al momento de empezar a caminar, donde inconscientemente son desincentivados por los adultos por la falta de espacio y reflejan retrasos motores.
Los habitantes de hoteles o pensiones sufren cotidianamente los rígidos reglamentos internos (que pautan horarios para la recepción de llamados telefónicos, el ingreso de visitas, la utilización de espacios comunes como pasillos o cocinas), la amenaza del desalojo y los habituales abusos de poder de encargados y/o “supuestos dueños”. En relación a esto, los encargados de la pensión les suspenden el suministro de agua, les sustraen objetos de uso personal y llegan a amenazarlos con desalojarlos abruptamente del lugar y quedarse con sus pertenencias. Muchas familias se ven obligadas a alquilar habitaciones de hoteles dado que no pueden cumplir con los requisitos que se les exige para alquilar departamentos o casas (garantía, recibo de sueldo en blanco, dinero para el pago de las comisiones). Menos aún tienen posibilidades de obtener créditos en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) o en otras entidades bancarias para la compra de alguna vivienda.
Hace tiempo que los propietarios de los hoteles no están alquilando habitaciones a personas con hijos, lo cual dificulta que muchas familias puedan conseguir un lugar para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, negando de esta forma el Derecho a vivir en la ciudad, lo que está empujando a familias enteras a estar en situación de calle.
Asimismo, en estos últimos años, se produjo un aumento sistemático en el precio de los alquileres de las habitaciones que funcionó como una forma implícita de desalojo. En este momento los precios de las habitaciones oscilan entre $ 700 y $ 1200. Además si las personas no pagan el alquiler en la fecha establecida los desalojan inmediatamente.
Por otro lado, las familias que perciben el Subsidio de Emergencia Habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo les otorga una suma de hasta $ 450 durante seis meses con una única posibilidad de renovación por 4 meses más. Para acceder a este subsidio es necesario sortear los obstáculos del complejo entramado burocrático: el programa contempla una serie de requisitos que muchas familias no pueden cumplir (documentos de todos los miembros de la familia, libreta de vacunación, orden de desalojo o informe que acredite la “situación de calle”, presupuesto de alquiler: si es dueño directo debe ir acompañado de fotocopia de DNI y de boleta de ABL o Aguas Argentinas del propietario. Si es hotel factura o tarjeta). Todo esto imposibilita que las personas puedan hacer efectivo el Derecho a una vivienda. Cuando las personas no pueden cumplir con estos requisitos se les ofrecen soluciones sin contemplar las necesidades del grupo familiar.
Lo que proponen muchas de las organizaciones e instituciones que trabajan en la temática de la vivienda es la suspensión inmediata de los desalojos, la suspensión de la venta de los terrenos del IVC, la construcción de viviendas populares con el aumento del Presupuesto del IVC, una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real, planes de vivienda que contemplen la demanda de los sin techo de la ciudad con el control y participación de los habitantes, generar un impuesto a la vivienda ociosa, creación de un alquiler social, que no supere el 20% del ingreso familiar, con garantía estatal. Asimismo, es preciso crear un programa real de vivienda transitoria hasta lograr el acceso a una vivienda definitiva.
No podemos dejar de mencionar el poco interés político en la urbanización de las villas y en algunos casos el incumplimiento, desde hace años, de leyes que intiman al Gobierno a urbanizar algunas villas, como la 20 de Lugano y la 31 de Retiro. Los datos nos muestran que 1 de cada 10 vecinos/as de la ciudad viven en villas de emergencia (unos 300.000 habitantes)(4).
(4) Diario Clarín. http://www.clarin.com/zona/Riesgo-electrico-Apagones-negocios-portenas_0_317368520.html
Gran cantidad de los niños, niñas, jóvenes y adultos que participan en los diferentes espacios de las organizaciones e instituciones de las redes habita en villas de emergencia, hoteles, pensiones o casas tomadas. Asimismo, una parte significativa de la población se encuentra en “situación de calle”. La mayoría de las familias con las que trabajamos están imposibilitadas de acceder a condiciones habitacionales dignas. Los espacios reducidos, la inestabilidad, la falta de intimidad, el deterioro físico de los edificios, las dificultades propias del compartir entre numerosas familias baños y cocinas generalmente en estado precario, son condiciones de vida que padece en general la población que vive en estos lugares.
La residencia prolongada en este tipo de viviendas, acarrea efectos deteriorantes para el grupo familiar y para el desarrollo personal de cada uno de sus miembros. La convivencia en estos lugares suele estar envuelta en conflictos permanentes, violencia familiar, uso indiscriminado de la calle por parte de los chicos después de los 12 años ya que resulta difícil a los padres retenerlos la mayor parte del día en estos espacios, etc. A estas dificultades se agrega la escasez de espacios verdes y la alta densidad poblacional.
En la práctica cotidiana nos encontramos con varias situaciones en las que se pueden visualizar las condiciones anteriormente descriptas: graves problemas respiratorios (asma, bronco espasmos reiterados, alergias, etc.) producto de las condiciones inadecuadas de la habitación en la que viven: humedad, filtraciones, falta de ventilación, etc.
Asimismo, familias numerosas viven en espacios muy reducidos (habitaciones de aproximadamente 3x3m), esto implica la dificultad de preservar espacios de intimidad para cada uno de los miembros de la familia y la imposibilidad de que los niños cuenten con espacios donde desplegar todas las acciones, posibilidades y movimientos necesarios para su desarrollo integral, sobre todo en el caso de los bebés al momento de empezar a caminar, donde inconscientemente son desincentivados por los adultos por la falta de espacio y reflejan retrasos motores.
Los habitantes de hoteles o pensiones sufren cotidianamente los rígidos reglamentos internos (que pautan horarios para la recepción de llamados telefónicos, el ingreso de visitas, la utilización de espacios comunes como pasillos o cocinas), la amenaza del desalojo y los habituales abusos de poder de encargados y/o “supuestos dueños”. En relación a esto, los encargados de la pensión les suspenden el suministro de agua, les sustraen objetos de uso personal y llegan a amenazarlos con desalojarlos abruptamente del lugar y quedarse con sus pertenencias. Muchas familias se ven obligadas a alquilar habitaciones de hoteles dado que no pueden cumplir con los requisitos que se les exige para alquilar departamentos o casas (garantía, recibo de sueldo en blanco, dinero para el pago de las comisiones). Menos aún tienen posibilidades de obtener créditos en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires (IVC) o en otras entidades bancarias para la compra de alguna vivienda.
Hace tiempo que los propietarios de los hoteles no están alquilando habitaciones a personas con hijos, lo cual dificulta que muchas familias puedan conseguir un lugar para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, negando de esta forma el Derecho a vivir en la ciudad, lo que está empujando a familias enteras a estar en situación de calle.
Asimismo, en estos últimos años, se produjo un aumento sistemático en el precio de los alquileres de las habitaciones que funcionó como una forma implícita de desalojo. En este momento los precios de las habitaciones oscilan entre $ 700 y $ 1200. Además si las personas no pagan el alquiler en la fecha establecida los desalojan inmediatamente.
Por otro lado, las familias que perciben el Subsidio de Emergencia Habitacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo les otorga una suma de hasta $ 450 durante seis meses con una única posibilidad de renovación por 4 meses más. Para acceder a este subsidio es necesario sortear los obstáculos del complejo entramado burocrático: el programa contempla una serie de requisitos que muchas familias no pueden cumplir (documentos de todos los miembros de la familia, libreta de vacunación, orden de desalojo o informe que acredite la “situación de calle”, presupuesto de alquiler: si es dueño directo debe ir acompañado de fotocopia de DNI y de boleta de ABL o Aguas Argentinas del propietario. Si es hotel factura o tarjeta). Todo esto imposibilita que las personas puedan hacer efectivo el Derecho a una vivienda. Cuando las personas no pueden cumplir con estos requisitos se les ofrecen soluciones sin contemplar las necesidades del grupo familiar.
Lo que proponen muchas de las organizaciones e instituciones que trabajan en la temática de la vivienda es la suspensión inmediata de los desalojos, la suspensión de la venta de los terrenos del IVC, la construcción de viviendas populares con el aumento del Presupuesto del IVC, una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real, planes de vivienda que contemplen la demanda de los sin techo de la ciudad con el control y participación de los habitantes, generar un impuesto a la vivienda ociosa, creación de un alquiler social, que no supere el 20% del ingreso familiar, con garantía estatal. Asimismo, es preciso crear un programa real de vivienda transitoria hasta lograr el acceso a una vivienda definitiva.
No podemos dejar de mencionar el poco interés político en la urbanización de las villas y en algunos casos el incumplimiento, desde hace años, de leyes que intiman al Gobierno a urbanizar algunas villas, como la 20 de Lugano y la 31 de Retiro. Los datos nos muestran que 1 de cada 10 vecinos/as de la ciudad viven en villas de emergencia (unos 300.000 habitantes)(4).
(4) Diario Clarín. http://www.clarin.com/zona/Riesgo-electrico-Apagones-negocios-portenas_0_317368520.html
Ambiente
En toda la Ciudad es visible la problemática en relación a la carencia de los espacios verdes, falta de espacios para la recreación, el deporte, el ocio y el esparcimiento. También encontramos una cantidad significativa de basurales a cielo abierto, en diferentes puntos de la Ciudad , debido a la insuficiencia de contenedores, recolección de basura y limpieza urbana. Lo dicho anteriormente tiene un impacto directo no solamente respecto a la contaminación del ambiente sino también en la salud de la población de la Ciudad.
Por ejemplo, en Villa 20 (barrio de Lugano), las condiciones anteriormente descriptas se ven agravadas por la presencia de un cementerio de autos que es causante de contaminación por plomo en sangre, dengue, acumulación de basura y chatarra, proliferación de plagas y roedores, contaminación de tierra y napas por metales y otros materiales que tardan mucho en degradarse. A pesar de la existencia de leyes (5) y fallos judiciales que ordenan la clausura y remoción del cementerio de autos el Gobierno de la Ciudad , y el Nacional, incurren desde hace años en su incumplimiento; afectando no solo la salud ambiental de los habitantes de la Villa 20 sino también su urbanización.
Políticas sociales- Ejercicio de Derechos
“La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”
Art. 17 Constitución de la Ciudad
El conjunto de trasformaciones operadas en las últimas décadas en materia de Políticas Sociales fueron profundizando y agudizando el carácter de mercancía del bienestar de la gente. Entendemos que la idea de mercancía entra en tensión con la idea de Derechos Humanos. En este sentido, adherimos a la idea de que si algo se define como derecho, el no acceso al mismo interpela directamente al Estado. En cambio, si pierde su condición de derecho para pasar a ser un recurso cuyo acceso es regulado únicamente por el mercado, el no acceso deja de constituir un problema del Estado para devenir un problema de particulares y en consecuencia, un bien privado que debe adquirirse en el mercado a partir de las capacidades individuales.
En torno al acceso a los programas sociales, lo entendemos como la posibilidad del ejercicio de Derechos Humanos Básicos de las personas, como son: salud, vivienda, educación, esparcimiento, cultura y trabajo (entre otros) del cual el Estado, en todas sus jurisdicciones es responsable inherente de garantizar estos Derechos.
En el mismo sentido, vemos con preocupación la instalación de una lógica de “impacto” de los programas de atención a la población más vulnerable, basados en una idea de “costo-beneficio”, donde se toma la relación entre número de trabajadores y número de beneficiarios como el principal indicador de resultados de una política pública. Esto toma en cuenta solamente el gasto realizado en función de la cantidad de población atendida, sin tomar en cuenta el tipo de intervención realizada, ni su duración, ni su complejidad. Para ser más claros, según esta lógica da lo mismo si se atendió una persona en una ventanilla para un trámite que el acompañamiento realizado a un niño o niña en situación de calle en función de la restitución de sus derechos.
En la actual gestión se instaló en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social –en particular allí, pero puede extenderse al resto de los ámbitos de gobierno- una lógica perversa de la exclusión social. Esta consiste en no negar de plano el acceso de las familias a los diferentes beneficios –subsidios, tickets, etc.- sino en desgastar a los beneficiarios solicitando una y otra vez distintos requisitos, provocando en los mismos que renuncien a la posibilidad de acceder a ellos. Entre estos requisitos podemos mencionar por ejemplo la exigencia de presentación de historias sociales (elaboradas por profesionales) para reservar turnos para ingresar a algún programa; estas historias no tienen como objetivo un trabajo conjunto o seguimiento de las situaciones, sino dificultar el acceso a los mismos.
Lo que se esconde detrás de estas infinitas situaciones es el vaciamiento de las políticas públicas de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires, la discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios y la voluntad de no financiar con recursos genuinos a la población más vulnerable. Vemos con preocupación un mecanismo diseñado para desgastar a los vecinos/as y paralelamente desfinanciar las políticas que deberían brindar atención a estos sectores, que ven profundizada su situación de marginación y vulneración de derechos.
En lo referido específicamente a la situación de los migrantes en la Ciudad, la experiencia de trabajo nos demuestra que “la irregularidad migratoria” resulta un fundamento para negar el ejercicio pleno del Derecho. Es importante resaltar que desde los programas sociales y demás servicios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, se entiende como irregularidad migratoria no haber comenzado el trámite de radicación, es decir, no tener la residencia precaria o bien, no tener DNI argentino, siendo éstos los requisitos que garantiza el acceso a la atención y la posibilidad de solicitar y ser “beneficiario” de dichas políticas (Subsidio Habitacional, Nuestras familias o Ciudadanía Porteña). Un ejemplo claro de dicha situación es lo que sucede con las respuestas desde el programa “Emergencia Habitacional” ante las problemáticas habitacionales que vivencian aquellas personas que no poseen DNI argentino. Esta condición no solo afecta a los migrantes que no tramitaron su radicación, sino también a todas aquellas personas que no tienen su DNI, las cuales son las de mayor vulnerabilidad, dado que dicho subsidio puede garantizar parte del pago del alquiler de una vivienda, evitando que las familias transiten por desalojos violentos y situaciones de calle. Una situación similar se da respecto de la Asignación Universal por Hijo, dado que si los padres no cuentan con DNI, no tienen la posibilidad de tener una cuenta bancaria donde sea depositado el dinero.
En mayo del 2010 se reglamentó la Ley de Migraciones 25.871 mediante el Decreto Nº 616/10. Esta reglamentación entra en vigencia desde el mes de julio y establece un marco de actuación para la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y demás organismos involucrados. Si bien la Ley Migratoria está vigente desde el año 2004, en varias oportunidades, desde la DNM se continuaba utilizando disposiciones (y sus lógicas) de la última dictadura militar. La actual reglamentación establece las bases y fundamentos de la actual Ley Migratoria, desde un marco de promoción de Derechos Humanos de personas migrantes.
Con respecto a la política alimentaria implementada a través de los comedores, cada vez es mas frecuente que llegue comida en mal estado (carne podrida, verduras pasadas, etc.). Además de lo grave del hecho en sí, esto genera otros tipos de problemas, como por ejemplo, el tener que disponer de más tiempo para abrir y revisar la mercadería, teniendo que dejar otras tareas de lado. Es así como se genera un circuito de "reclamo-devolución-recambio" de la mercadería, que no tiene procesos ni tiempos claros: los libros de quejas no se leen, los plazos que se dicen no se cumplen, se generan discusiones con los transportistas, etc. Todo esto produce cambios en la organización cotidiana de los comedores, teniendo que improvisar la mayoría de las veces, y obligando a cambiar de menúes y organización en la cocina. Por otro lado, se exige a los comedores condiciones que las dependencias del Estado no cumplen, dado que los alimentos vienen a veces en bolsas abiertas o con tierra. Frente a este reclamo repetido, las respuestas aluden a que "solo pasa con este comedor", hecho que queda desmentido cuando se comparten realidades y experiencias entre comedores.
Algo que atraviesa el eje de políticas sociales es la falta de articulación entre las distintas políticas implementadas por diferentes ministerios y áreas gubernamentales, por lo que no hay un abordaje integral de las políticas sociales. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta áreas tales como la Dirección de Niñez y Adolescencia, de la cual depende tanto la derivación de niños/as y adolescentes a hogares convivenciales, paradores, como a otros programas y sin embargo, los efectores del Ministerio de Salud no tienen acceso directo a estos recursos a la hora de resolver una urgencia o emergencia en el momento en que lo requiera la intervención. Por otro lado, en los programas que generan reinserción social –por ejemplo el Programa Reconstruyendo Lazos, donde los jóvenes se insertan laboralmente en diferentes espacios con el fin de generar ingresos económicos-, muchos/as jóvenes quedan por fuera de la posibilidad de participar, y aquellos que participan, se encuentran con irregularidades a la hora de cobrar, dificultando seriamente el sostenimiento de los/as adolescentes en los respectivos proyectos.
Políticas públicas: Niñez y Adolescencia
La Constitución Nacional refiere que los niños/as son sujetos titulares de derechos. Con la sanción de la Ley 114 del Gobierno de la Ciudad y posteriormente la Ley 26061 de la Nación, reconoce a los/as niños/as y adolescentes como sujetos de derecho. El Consejo de Derechos de niños/as y adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el organismo administrativo de aplicación de respectivas leyes en la ciudad.
Este nuevo paradigma de protección integral, se basa principalmente en las diferentes políticas públicas que implemente la Ciudad a los efectos de salvaguardar los derechos amparados en las leyes citadas. Por lo tanto, las políticas públicas son y deben ser de carácter universal para una única infancia: derechos civiles, sociales, económicos y políticos, de modo que deben ser informados/as, consultados/as y escuchados/as. Sin embargo, y en el particular, en las zonas más relegadas de la ciudad, se evidencia la falta de un abordaje integral y se pone de manifiesto un “como si” de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, que no encuadra con lo complejo de las situaciones-problema en las que se interviene, por ejemplo: programas de intervención con niñez en situaciones de extrema vulnerabilidad que no trabajan en las villas.
Este hecho trae como consecuencia inmediata, la desprotección de los mismos derechos que deberían ser amparados. Si bien el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes es el encargado de exigir e implementar la ley, la política oficial del organismo ha sido disminuir cada vez más la exigibilidad de recursos a las distintas áreas de gobierno, particularmente a Desarrollo Social. La Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la asignación de los recursos para políticas de niñez. La estrategia de intervención con respecto a la situación concreta en la que trabajan los diferentes efectores zonales, queda relegada en quienes tienen los recursos y no el organismo de aplicación de la ley, de este manera el Consejo ha renunciado de alguna manera a consolidarse como autoridad de aplicación de las leyes de protección integral.
La contención de los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito familiar/institucional es el pilar fundamental del Sistema de Protección Integral. Sin embargo, resulta difícil la aplicabilidad, cuando por ejemplo la precarización laboral de los profesionales y la terciarización a ONGs produce rotación de profesionales con consecuentes cortes en las estrategias de trabajo implementadas, produciendo un volver a empezar de cero y agudizando la situación – problema.
Las medidas excepcionales son las últimas en la pirámide, dentro de un sistema de protección integral, y significan la separación del niño/a del ámbito familiar. Cuando los recursos existentes son escasos o no cumplen con las necesidades y los objetivos de la población con la que trabajamos, estas medidas son las únicas con las se puede contar, es decir reproduce la lógica del patronato. Las mismas son limitadas en el tiempo y se debe fomentar, si la situación amerita, la revinculación con la familia de procedencia. El realizar dicho trabajo resulta dificultoso cuando los recursos existentes no son los adecuados. Por ejemplo la ciudad tiene gran cantidad de convenios firmados con hogares convivenciales en provincia de Bs As, lo cual influye notoriamente en la estrategia de intervención.
La estrategia de intervención implementada respecto al circuito en calle, no tiene que ver con la restitución de derechos sino con la institucionalización, prueba de esto es la desarticulación y reconversión del C.A.I.N.A, institución que actualmente se limita a la atención básica y derivación de los chicos/as, no abordando procesos de revinculación familiar ni estrategias vinculadas a la educación y la salud. Completando este cuadro, los espacios promocionales ligados a lo socioeducativo no cuentan muchas veces con recursos suficientes, ni es reconocida su tarea específica.
En relación con el derecho de las/os adolescentes y jóvenes a la recreación y esparcimiento, como a participar de la cultura, podemos hacer algunas observaciones que se desprenden del trabajo cotidiano con los chicos/as. El “Programa Adolescencia” realiza anualmente una oferta concreta de actividades vinculadas al arte, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. En la práctica, sabemos que las/os adolescentes que logran acceder a una vacante en el programa se muestran conformes con las actividades realizadas, y que hay un compromiso fuerte de la/os trabajadores con un seguimiento cercano de cada proceso. Las dificultadas registradas al momento, pasado ya casi el primer semestre del año, se vinculan con la operatoria administrativa del mismo así como una cierta arbitrariedad en la asignación de las vacantes. Una gran cantidad de chicas/os que manifiestan que no han obtenido la vacante solicitada, sin haber obtenido información sobre los motivos concretos de la denegación del beneficio más que de manera informal, con argumentos del tipo “no hay más vacantes”, “será el próximo año”, o “se priorizó a las/os chicas/os que más lo necesitan”. Así nos encontramos con una gran cantidad de jóvenes que, estando en una situación de vulneración de derechos, no logran acceder al beneficio, ni cuentan con una instancia formal para realizar reclamos, ya que el Programa no prevé un mecanismo para la comunicación de negativas, ni realiza ninguna notificación escrita de las mismas. La confusión aumenta cuando observamos que la/os jóvenes que logran por distintas vías acceder a espacios donde hacer reclamos sobre su derecho afectado, reciben inmediatamente el beneficio antes denegado, lo que permite afirmar que existe una cierta arbitrariedad en el mecanismo de asignación.
En diferentes zonas de la Ciudad, existen diversas modalidades de maltrato ejercido por agentes de la policía; por ejemplo, las/los adolescentes expresan que en reiteradas oportunidades son demorados y revisados por los agentes en la vía pública, motivados por prejuicios discriminatorios relacionados a su apariencia física y vestimenta. Por otro lado, muchos/as jóvenes han relatado situaciones donde fueron víctimas de violencia física y/o verbal impartida por policías. En muchas oportunidades son esposados y detenidos convirtiéndose ésta en una práctica frecuente utilizada por dicha institución. También señalan que en diferentes situaciones son amenazados/as y extorsionados/as por los agentes policiales en relación a la posibilidad de que los/as adolescentes denuncien estas situaciones de maltrato, entre otras. Ante esta situación, ellos/as se encuentran totalmente desamparados, sumado a que las instituciones que reciben estas denuncias tienen nulas herramientas para lidiar con esta situación.
Por último, otra de las graves situaciones por las que atraviesan los/as jóvenes de esta ciudad, es la explotación y el abuso sexual, la cual es una problemática de extrema magnitud y gravedad que afecta a un gran número de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Las situaciones de explotación se producen con la complicidad del ámbito judicial y policial, brindando impunidad a los explotadores, generando constantes revictimizaciones en los/as niños/as y adolescentes. A pesar de estar prohibidos, en la Ciudad de Buenos Aires existe una gran cantidad de prostíbulos, departamentos privados, whiskerías, etc., donde se producen situaciones de explotación sexual. Esto es de público conocimiento, siendo múltiples las formas en las que se publicitan los mismos (tarjetas en los teléfonos públicos y distribuidos en la vía pública, rubros en los clasificados de diarios, etc.). Esta situación explicita la naturalización en la sociedad hacia esta práctica de extrema violencia, donde se evidencian las desigualdades de poder, económicas y de género. En los medios de comunicación se legitiman y reproducen estas prácticas de forma constante sin controles ni sanciones estatales. La respuesta estatal es escasa, existiendo programas especializados que cuentan con poco personal, insuficientes recursos y trabajadores/as en condiciones de precarización, no permitiendo brindar la atención necesaria a cada uno/a de los niños/as y adolescentes. A su vez, dichas respuestas son fragmentadas, con programas desarticulados, sin circuitos formales de intervención lo cual provoca sobre-intervenciones.
Asimismo, no existe una política integral de género que apunte a desnaturalizar las relaciones desiguales de poder, como también los distintos imaginarios que atraviesan, legitiman y reproducen las situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Es necesario romper con la estigmatización de los/as niños/as que se encuentran en esta situación, ubicándolos/as como sujetos de derechos, víctimas de un delito. Es imprescindible dejar de culpabilizar y revictimizar a los/as mismos/as y apuntar a los adultos responsables de que esto ocurra: prostituyentes, proxenetas, entregadores, intermediarios, funcionarios que no denuncian y actúan en complicidad con las fuerzas de seguridad, y la falta de voluntad política.
Finalmente creemos que los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad están transitando graves situaciones de desamparo político, económico, social. Muchos plantean que parte de la solución es el encierro de los jóvenes, nosotros/as creemos y volvemos a repetir que hay que garantizar políticas integrales que resguarden los derechos de niños/as y adolescentes.
Este nuevo paradigma de protección integral, se basa principalmente en las diferentes políticas públicas que implemente la Ciudad a los efectos de salvaguardar los derechos amparados en las leyes citadas. Por lo tanto, las políticas públicas son y deben ser de carácter universal para una única infancia: derechos civiles, sociales, económicos y políticos, de modo que deben ser informados/as, consultados/as y escuchados/as. Sin embargo, y en el particular, en las zonas más relegadas de la ciudad, se evidencia la falta de un abordaje integral y se pone de manifiesto un “como si” de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, que no encuadra con lo complejo de las situaciones-problema en las que se interviene, por ejemplo: programas de intervención con niñez en situaciones de extrema vulnerabilidad que no trabajan en las villas.
Este hecho trae como consecuencia inmediata, la desprotección de los mismos derechos que deberían ser amparados. Si bien el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes es el encargado de exigir e implementar la ley, la política oficial del organismo ha sido disminuir cada vez más la exigibilidad de recursos a las distintas áreas de gobierno, particularmente a Desarrollo Social. La Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la asignación de los recursos para políticas de niñez. La estrategia de intervención con respecto a la situación concreta en la que trabajan los diferentes efectores zonales, queda relegada en quienes tienen los recursos y no el organismo de aplicación de la ley, de este manera el Consejo ha renunciado de alguna manera a consolidarse como autoridad de aplicación de las leyes de protección integral.
La contención de los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito familiar/institucional es el pilar fundamental del Sistema de Protección Integral. Sin embargo, resulta difícil la aplicabilidad, cuando por ejemplo la precarización laboral de los profesionales y la terciarización a ONGs produce rotación de profesionales con consecuentes cortes en las estrategias de trabajo implementadas, produciendo un volver a empezar de cero y agudizando la situación – problema.
Las medidas excepcionales son las últimas en la pirámide, dentro de un sistema de protección integral, y significan la separación del niño/a del ámbito familiar. Cuando los recursos existentes son escasos o no cumplen con las necesidades y los objetivos de la población con la que trabajamos, estas medidas son las únicas con las se puede contar, es decir reproduce la lógica del patronato. Las mismas son limitadas en el tiempo y se debe fomentar, si la situación amerita, la revinculación con la familia de procedencia. El realizar dicho trabajo resulta dificultoso cuando los recursos existentes no son los adecuados. Por ejemplo la ciudad tiene gran cantidad de convenios firmados con hogares convivenciales en provincia de Bs As, lo cual influye notoriamente en la estrategia de intervención.
La estrategia de intervención implementada respecto al circuito en calle, no tiene que ver con la restitución de derechos sino con la institucionalización, prueba de esto es la desarticulación y reconversión del C.A.I.N.A, institución que actualmente se limita a la atención básica y derivación de los chicos/as, no abordando procesos de revinculación familiar ni estrategias vinculadas a la educación y la salud. Completando este cuadro, los espacios promocionales ligados a lo socioeducativo no cuentan muchas veces con recursos suficientes, ni es reconocida su tarea específica.
En relación con el derecho de las/os adolescentes y jóvenes a la recreación y esparcimiento, como a participar de la cultura, podemos hacer algunas observaciones que se desprenden del trabajo cotidiano con los chicos/as. El “Programa Adolescencia” realiza anualmente una oferta concreta de actividades vinculadas al arte, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. En la práctica, sabemos que las/os adolescentes que logran acceder a una vacante en el programa se muestran conformes con las actividades realizadas, y que hay un compromiso fuerte de la/os trabajadores con un seguimiento cercano de cada proceso. Las dificultadas registradas al momento, pasado ya casi el primer semestre del año, se vinculan con la operatoria administrativa del mismo así como una cierta arbitrariedad en la asignación de las vacantes. Una gran cantidad de chicas/os que manifiestan que no han obtenido la vacante solicitada, sin haber obtenido información sobre los motivos concretos de la denegación del beneficio más que de manera informal, con argumentos del tipo “no hay más vacantes”, “será el próximo año”, o “se priorizó a las/os chicas/os que más lo necesitan”. Así nos encontramos con una gran cantidad de jóvenes que, estando en una situación de vulneración de derechos, no logran acceder al beneficio, ni cuentan con una instancia formal para realizar reclamos, ya que el Programa no prevé un mecanismo para la comunicación de negativas, ni realiza ninguna notificación escrita de las mismas. La confusión aumenta cuando observamos que la/os jóvenes que logran por distintas vías acceder a espacios donde hacer reclamos sobre su derecho afectado, reciben inmediatamente el beneficio antes denegado, lo que permite afirmar que existe una cierta arbitrariedad en el mecanismo de asignación.
En diferentes zonas de la Ciudad, existen diversas modalidades de maltrato ejercido por agentes de la policía; por ejemplo, las/los adolescentes expresan que en reiteradas oportunidades son demorados y revisados por los agentes en la vía pública, motivados por prejuicios discriminatorios relacionados a su apariencia física y vestimenta. Por otro lado, muchos/as jóvenes han relatado situaciones donde fueron víctimas de violencia física y/o verbal impartida por policías. En muchas oportunidades son esposados y detenidos convirtiéndose ésta en una práctica frecuente utilizada por dicha institución. También señalan que en diferentes situaciones son amenazados/as y extorsionados/as por los agentes policiales en relación a la posibilidad de que los/as adolescentes denuncien estas situaciones de maltrato, entre otras. Ante esta situación, ellos/as se encuentran totalmente desamparados, sumado a que las instituciones que reciben estas denuncias tienen nulas herramientas para lidiar con esta situación.
Por último, otra de las graves situaciones por las que atraviesan los/as jóvenes de esta ciudad, es la explotación y el abuso sexual, la cual es una problemática de extrema magnitud y gravedad que afecta a un gran número de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Las situaciones de explotación se producen con la complicidad del ámbito judicial y policial, brindando impunidad a los explotadores, generando constantes revictimizaciones en los/as niños/as y adolescentes. A pesar de estar prohibidos, en la Ciudad de Buenos Aires existe una gran cantidad de prostíbulos, departamentos privados, whiskerías, etc., donde se producen situaciones de explotación sexual. Esto es de público conocimiento, siendo múltiples las formas en las que se publicitan los mismos (tarjetas en los teléfonos públicos y distribuidos en la vía pública, rubros en los clasificados de diarios, etc.). Esta situación explicita la naturalización en la sociedad hacia esta práctica de extrema violencia, donde se evidencian las desigualdades de poder, económicas y de género. En los medios de comunicación se legitiman y reproducen estas prácticas de forma constante sin controles ni sanciones estatales. La respuesta estatal es escasa, existiendo programas especializados que cuentan con poco personal, insuficientes recursos y trabajadores/as en condiciones de precarización, no permitiendo brindar la atención necesaria a cada uno/a de los niños/as y adolescentes. A su vez, dichas respuestas son fragmentadas, con programas desarticulados, sin circuitos formales de intervención lo cual provoca sobre-intervenciones.
Asimismo, no existe una política integral de género que apunte a desnaturalizar las relaciones desiguales de poder, como también los distintos imaginarios que atraviesan, legitiman y reproducen las situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Es necesario romper con la estigmatización de los/as niños/as que se encuentran en esta situación, ubicándolos/as como sujetos de derechos, víctimas de un delito. Es imprescindible dejar de culpabilizar y revictimizar a los/as mismos/as y apuntar a los adultos responsables de que esto ocurra: prostituyentes, proxenetas, entregadores, intermediarios, funcionarios que no denuncian y actúan en complicidad con las fuerzas de seguridad, y la falta de voluntad política.
Finalmente creemos que los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad están transitando graves situaciones de desamparo político, económico, social. Muchos plantean que parte de la solución es el encierro de los jóvenes, nosotros/as creemos y volvemos a repetir que hay que garantizar políticas integrales que resguarden los derechos de niños/as y adolescentes.
A modo de cierre e invitación
Como espacio de Inter-Redes, nuestra principal intención con este documento es dar a conocer desde nuestra propia mirada la realidad que estamos viviendo quienes vivimos y/o trabajamos o vivimos día a día en la Ciudad : no pretende ser un documento cerrado y único, sino por el contrario, funcionar como disparador de debates, conversaciones e intercambios, que hagan posible una mirada común de la realidad que nos toca vivir. Esa, creemos, es una condición para aportar al diseño y fortalecimiento de políticas públicas que aborden estos temas integralmente.
Como actores sociales tenemos la responsabilidad de asumir en nuestra tarea cotidiana un diálogo creativo y constructivo, que nos permita constituirnos como agentes de transformación, desde una visión crítica y autocrítica de las tareas que llevamos adelante y de nuestro rol como vecinos, educadores, trabajadores/as, profesionales, etc. Siguiendo esta línea no desconocemos otros comunicados y documentos que han circulado poniendo palabras a políticas sociales fragmentadas, vaciadas y/o excluyentes. Este documento es un aporte más a esas múltiples voces que denuncian para construir una ciudad más equitativa para todos/as. Es por eso que invitamos a circular este documento y enriquecerlo, discutirlo y dar lugar a nuevas miradas que nos permitan seguir construyendo una realidad más justa y digna para todos/as.
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