“La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen menores posibilidades”
Art. 17 Constitución de la Ciudad
El conjunto de trasformaciones operadas en las últimas décadas en materia de Políticas Sociales fueron profundizando y agudizando el carácter de mercancía del bienestar de la gente. Entendemos que la idea de mercancía entra en tensión con la idea de Derechos Humanos. En este sentido, adherimos a la idea de que si algo se define como derecho, el no acceso al mismo interpela directamente al Estado. En cambio, si pierde su condición de derecho para pasar a ser un recurso cuyo acceso es regulado únicamente por el mercado, el no acceso deja de constituir un problema del Estado para devenir un problema de particulares y en consecuencia, un bien privado que debe adquirirse en el mercado a partir de las capacidades individuales.
En torno al acceso a los programas sociales, lo entendemos como la posibilidad del ejercicio de Derechos Humanos Básicos de las personas, como son: salud, vivienda, educación, esparcimiento, cultura y trabajo (entre otros) del cual el Estado, en todas sus jurisdicciones es responsable inherente de garantizar estos Derechos.
En el mismo sentido, vemos con preocupación la instalación de una lógica de “impacto” de los programas de atención a la población más vulnerable, basados en una idea de “costo-beneficio”, donde se toma la relación entre número de trabajadores y número de beneficiarios como el principal indicador de resultados de una política pública. Esto toma en cuenta solamente el gasto realizado en función de la cantidad de población atendida, sin tomar en cuenta el tipo de intervención realizada, ni su duración, ni su complejidad. Para ser más claros, según esta lógica da lo mismo si se atendió una persona en una ventanilla para un trámite que el acompañamiento realizado a un niño o niña en situación de calle en función de la restitución de sus derechos.
En la actual gestión se instaló en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social –en particular allí, pero puede extenderse al resto de los ámbitos de gobierno- una lógica perversa de la exclusión social. Esta consiste en no negar de plano el acceso de las familias a los diferentes beneficios –subsidios, tickets, etc.- sino en desgastar a los beneficiarios solicitando una y otra vez distintos requisitos, provocando en los mismos que renuncien a la posibilidad de acceder a ellos. Entre estos requisitos podemos mencionar por ejemplo la exigencia de presentación de historias sociales (elaboradas por profesionales) para reservar turnos para ingresar a algún programa; estas historias no tienen como objetivo un trabajo conjunto o seguimiento de las situaciones, sino dificultar el acceso a los mismos.
Lo que se esconde detrás de estas infinitas situaciones es el vaciamiento de las políticas públicas de desarrollo social en la Ciudad de Buenos Aires, la discrecionalidad en el otorgamiento de los beneficios y la voluntad de no financiar con recursos genuinos a la población más vulnerable. Vemos con preocupación un mecanismo diseñado para desgastar a los vecinos/as y paralelamente desfinanciar las políticas que deberían brindar atención a estos sectores, que ven profundizada su situación de marginación y vulneración de derechos.
En lo referido específicamente a la situación de los migrantes en la Ciudad, la experiencia de trabajo nos demuestra que “la irregularidad migratoria” resulta un fundamento para negar el ejercicio pleno del Derecho. Es importante resaltar que desde los programas sociales y demás servicios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social del GCBA, se entiende como irregularidad migratoria no haber comenzado el trámite de radicación, es decir, no tener la residencia precaria o bien, no tener DNI argentino, siendo éstos los requisitos que garantiza el acceso a la atención y la posibilidad de solicitar y ser “beneficiario” de dichas políticas (Subsidio Habitacional, Nuestras familias o Ciudadanía Porteña). Un ejemplo claro de dicha situación es lo que sucede con las respuestas desde el programa “Emergencia Habitacional” ante las problemáticas habitacionales que vivencian aquellas personas que no poseen DNI argentino. Esta condición no solo afecta a los migrantes que no tramitaron su radicación, sino también a todas aquellas personas que no tienen su DNI, las cuales son las de mayor vulnerabilidad, dado que dicho subsidio puede garantizar parte del pago del alquiler de una vivienda, evitando que las familias transiten por desalojos violentos y situaciones de calle. Una situación similar se da respecto de la Asignación Universal por Hijo, dado que si los padres no cuentan con DNI, no tienen la posibilidad de tener una cuenta bancaria donde sea depositado el dinero.
En mayo del 2010 se reglamentó la Ley de Migraciones 25.871 mediante el Decreto Nº 616/10. Esta reglamentación entra en vigencia desde el mes de julio y establece un marco de actuación para la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y demás organismos involucrados. Si bien la Ley Migratoria está vigente desde el año 2004, en varias oportunidades, desde la DNM se continuaba utilizando disposiciones (y sus lógicas) de la última dictadura militar. La actual reglamentación establece las bases y fundamentos de la actual Ley Migratoria, desde un marco de promoción de Derechos Humanos de personas migrantes.
Con respecto a la política alimentaria implementada a través de los comedores, cada vez es mas frecuente que llegue comida en mal estado (carne podrida, verduras pasadas, etc.). Además de lo grave del hecho en sí, esto genera otros tipos de problemas, como por ejemplo, el tener que disponer de más tiempo para abrir y revisar la mercadería, teniendo que dejar otras tareas de lado. Es así como se genera un circuito de "reclamo-devolución-recambio" de la mercadería, que no tiene procesos ni tiempos claros: los libros de quejas no se leen, los plazos que se dicen no se cumplen, se generan discusiones con los transportistas, etc. Todo esto produce cambios en la organización cotidiana de los comedores, teniendo que improvisar la mayoría de las veces, y obligando a cambiar de menúes y organización en la cocina. Por otro lado, se exige a los comedores condiciones que las dependencias del Estado no cumplen, dado que los alimentos vienen a veces en bolsas abiertas o con tierra. Frente a este reclamo repetido, las respuestas aluden a que "solo pasa con este comedor", hecho que queda desmentido cuando se comparten realidades y experiencias entre comedores.
Algo que atraviesa el eje de políticas sociales es la falta de articulación entre las distintas políticas implementadas por diferentes ministerios y áreas gubernamentales, por lo que no hay un abordaje integral de las políticas sociales. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social cuenta áreas tales como la Dirección de Niñez y Adolescencia, de la cual depende tanto la derivación de niños/as y adolescentes a hogares convivenciales, paradores, como a otros programas y sin embargo, los efectores del Ministerio de Salud no tienen acceso directo a estos recursos a la hora de resolver una urgencia o emergencia en el momento en que lo requiera la intervención. Por otro lado, en los programas que generan reinserción social –por ejemplo el Programa Reconstruyendo Lazos, donde los jóvenes se insertan laboralmente en diferentes espacios con el fin de generar ingresos económicos-, muchos/as jóvenes quedan por fuera de la posibilidad de participar, y aquellos que participan, se encuentran con irregularidades a la hora de cobrar, dificultando seriamente el sostenimiento de los/as adolescentes en los respectivos proyectos.
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