Políticas públicas: Niñez y Adolescencia

La Constitución Nacional refiere que los niños/as son sujetos titulares de derechos. Con la sanción de la Ley 114 del Gobierno de la Ciudad y posteriormente la Ley 26061 de la Nación, reconoce a los/as niños/as y adolescentes como sujetos de derecho. El Consejo de Derechos de niños/as y adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es el organismo administrativo de aplicación de respectivas leyes en la ciudad.

Este nuevo paradigma de protección integral, se basa principalmente en las diferentes políticas públicas que implemente la Ciudad a los efectos de salvaguardar los derechos amparados en las leyes citadas. Por lo tanto, las políticas públicas son y deben ser de carácter universal para una única infancia: derechos civiles, sociales, económicos y políticos, de modo que deben ser informados/as, consultados/as y escuchados/as. Sin embargo, y en el particular, en las zonas más relegadas de la ciudad, se evidencia la falta de un abordaje integral y se pone de manifiesto un “como si” de políticas públicas en materia de niñez y adolescencia, que no encuadra con lo complejo de las situaciones-problema en las que se interviene, por ejemplo: programas de intervención con niñez en situaciones de extrema vulnerabilidad que no trabajan en las villas.

Este hecho trae como consecuencia inmediata, la desprotección de los mismos derechos que deberían ser amparados. Si bien el Consejo de Derechos de Niños/as y Adolescentes es el encargado de exigir e implementar la ley, la política oficial del organismo ha sido disminuir cada vez más la exigibilidad de recursos a las distintas áreas de gobierno, particularmente a Desarrollo Social. La Subsecretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se encarga de la asignación de los recursos para políticas de niñez. La estrategia de intervención con respecto a la situación concreta en la que trabajan los diferentes efectores zonales, queda relegada en quienes tienen los recursos y no el organismo de aplicación de la ley, de este manera el Consejo ha renunciado de alguna manera a consolidarse como autoridad de aplicación de las leyes de protección integral.

La contención de los niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito familiar/institucional es el pilar fundamental del Sistema de Protección Integral. Sin embargo, resulta difícil la aplicabilidad, cuando por ejemplo la precarización laboral de los profesionales y la terciarización a ONGs produce rotación de profesionales con consecuentes cortes en las estrategias de trabajo implementadas, produciendo un volver a empezar de cero y agudizando la situación – problema.

Las medidas excepcionales son las últimas en la pirámide, dentro de un sistema de protección integral, y significan la separación del niño/a del ámbito familiar. Cuando los recursos existentes son escasos o no cumplen con las necesidades y los objetivos de la población con la que trabajamos, estas medidas son las únicas con las se puede contar, es decir reproduce la lógica del patronato. Las mismas son limitadas en el tiempo y se debe fomentar, si la situación amerita, la revinculación con la familia de procedencia. El realizar dicho trabajo resulta dificultoso cuando los recursos existentes no son los adecuados. Por ejemplo la ciudad tiene gran cantidad de convenios firmados con hogares convivenciales en provincia de Bs As, lo cual influye notoriamente en la estrategia de intervención.

La estrategia de intervención implementada respecto al circuito en calle, no tiene que ver con la restitución de derechos sino con la institucionalización, prueba de esto es la desarticulación y reconversión del C.A.I.N.A, institución que actualmente se limita a la atención básica y derivación de los chicos/as, no abordando procesos de revinculación familiar ni estrategias vinculadas a la educación y la salud. Completando este cuadro, los espacios promocionales ligados a lo socioeducativo no cuentan muchas veces con recursos suficientes, ni es reconocida su tarea específica.

En relación con el derecho de las/os adolescentes y jóvenes a la recreación y esparcimiento, como a participar de la cultura, podemos hacer algunas observaciones que se desprenden del trabajo cotidiano con los chicos/as. El “Programa Adolescencia” realiza anualmente una oferta concreta de actividades vinculadas al arte, la cultura, el deporte, la ciencia y la tecnología. En la práctica, sabemos que las/os adolescentes que logran acceder a una vacante en el programa se muestran conformes con las actividades realizadas, y que hay un compromiso fuerte de la/os trabajadores con un seguimiento cercano de cada proceso. Las dificultadas registradas al momento, pasado ya casi el primer semestre del año, se vinculan con la operatoria administrativa del mismo así como una cierta arbitrariedad en la asignación de las vacantes. Una gran cantidad de chicas/os que manifiestan que no han obtenido la vacante solicitada, sin haber obtenido información sobre los motivos concretos de la denegación del beneficio más que de manera informal, con argumentos del tipo “no hay más vacantes”, “será el próximo año”, o “se priorizó a las/os chicas/os que más lo necesitan”. Así nos encontramos con una gran cantidad de jóvenes que, estando en una situación de vulneración de derechos, no logran acceder al beneficio, ni cuentan con una instancia formal para realizar reclamos, ya que el Programa no prevé un mecanismo para la comunicación de negativas, ni realiza ninguna notificación escrita de las mismas. La confusión aumenta cuando observamos que la/os jóvenes que logran por distintas vías acceder a espacios donde hacer reclamos sobre su derecho afectado, reciben inmediatamente el beneficio antes denegado, lo que permite afirmar que existe una cierta arbitrariedad en el mecanismo de asignación.

En diferentes zonas de la Ciudad, existen diversas modalidades de maltrato ejercido por agentes de la policía; por ejemplo, las/los adolescentes expresan que en reiteradas oportunidades son demorados y revisados por los agentes en la vía pública, motivados por prejuicios discriminatorios relacionados a su apariencia física y vestimenta. Por otro lado, muchos/as jóvenes han relatado situaciones donde fueron víctimas de violencia física y/o verbal impartida por policías. En muchas oportunidades son esposados y detenidos convirtiéndose ésta en una práctica frecuente utilizada por dicha institución. También señalan que en diferentes situaciones son amenazados/as y extorsionados/as por los agentes policiales en relación a la posibilidad de que los/as adolescentes denuncien estas situaciones de maltrato, entre otras. Ante esta situación, ellos/as se encuentran totalmente desamparados, sumado a que las instituciones que reciben estas denuncias tienen nulas herramientas para lidiar con esta situación.

Por último, otra de las graves situaciones por las que atraviesan los/as jóvenes de esta ciudad, es la explotación y el abuso sexual, la cual es una problemática de extrema magnitud y gravedad que afecta a un gran número de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires. Las situaciones de explotación se producen con la complicidad del ámbito judicial y policial, brindando impunidad a los explotadores, generando constantes revictimizaciones en los/as niños/as y adolescentes. A pesar de estar prohibidos, en la Ciudad de Buenos Aires existe una gran cantidad de prostíbulos, departamentos privados, whiskerías, etc., donde se producen situaciones de explotación sexual. Esto es de público conocimiento, siendo múltiples las formas en las que se publicitan los mismos (tarjetas en los teléfonos públicos y distribuidos en la vía pública, rubros en los clasificados de diarios, etc.). Esta situación explicita la naturalización en la sociedad hacia esta práctica de extrema violencia, donde se evidencian las desigualdades de poder, económicas y de género. En los medios de comunicación se legitiman y reproducen estas prácticas de forma constante sin controles ni sanciones estatales. La respuesta estatal es escasa, existiendo programas especializados que cuentan con poco personal, insuficientes recursos y trabajadores/as en condiciones de precarización, no permitiendo brindar la atención necesaria a cada uno/a de los niños/as y adolescentes. A su vez, dichas respuestas son fragmentadas, con programas desarticulados, sin circuitos formales de intervención lo cual provoca sobre-intervenciones.
Asimismo, no existe una política integral de género que apunte a desnaturalizar las relaciones desiguales de poder, como también los distintos imaginarios que atraviesan, legitiman y reproducen las situaciones de violencia, abuso y explotación sexual. Es necesario romper con la estigmatización de los/as niños/as que se encuentran en esta situación, ubicándolos/as como sujetos de derechos, víctimas de un delito. Es imprescindible dejar de culpabilizar y revictimizar a los/as mismos/as y apuntar a los adultos responsables de que esto ocurra: prostituyentes, proxenetas, entregadores, intermediarios, funcionarios que no denuncian y actúan en complicidad con las fuerzas de seguridad, y la falta de voluntad política.

Finalmente creemos que los niños, niñas y adolescentes de esta ciudad están transitando graves situaciones de desamparo político, económico, social. Muchos plantean que parte de la solución es el encierro de los jóvenes, nosotros/as creemos y volvemos a repetir que hay que garantizar políticas integrales que resguarden los derechos de niños/as y adolescentes.